Cuando una persona decide orientar su formación profesional al ámbito de la educación social no lo hace por dinero (los sueldos nunca han sido gran cosa) ni por las condiciones laborales (trabajar festivo, fines de semana, noches…); lo hace por que cree en lo que representa este trabajo, en su capacidad de transformación de una realidad que nos parece injusta, sobre todo con aquellos que el sistema ha descartado. Pero todo cambia cuando tanto el sueldo como las condicones laborales empeoran tanto que hacen dificil seguir trabajando en el sector sin que ello suponga condicionar tu estabilidad personal. El desencanto consiguiente se transforma en rabia cuando ves que la razón de estos cambios es solo económica, y que quienes acaban sufriendo esta perspectiva economicista del ámbito social son las personas con quienes trabajamos, gente que no tiene ni los recurso ni los medios para defenderse.
Quizá todo se entienda mejor con un ejemplo, el de mi centro de trabajo. CRAE Llar Les Vinyes, en Cerdanyola del Vallés. Empresa gestora Filles de Mª Auxiliadora, vinculadas a los centros residenciales desde los tétricos centros del franquismo (gráficamente descritos en el comic “Paracuellos” de Carlos Giménez). Hace 4 años: 1546h anuales, 7 días de libre disposición, 12 dias libre entre Semana Santa y Navidad, unos 24 mil euros brutos anuales. Actualmente (conveni d’Acció Social de Catalunya): 1701h, 3 dias de libre disposición, 0 dias entre Sem. Sta. Y Navidad y 23 mil brutos al año, además de eliminarse los pluses de nocturnidad y festivos, lo que supone una pérdida de entre 2000 y 3500€ anuales. A esto habría que añadir la pérdida de poder adquisitivo derivada del aumento de la inflacción (alrededor de un 10€ en estos 4 años). Estos datos son a nivel de Catalunya. A nivel estatal, tras la aprobación en mayo de 2010 del primer convenio marco del sector, se trabajan 1771h anuales, setienen solo 2 días de libre disposición y se cobre 16800€ al año. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?
Por un lado tenemos una patronal que, una vez resueltas sus discrepancias iniciales (léase repartida la tarta), conforma un frente cohexionado y único en defensa de sus intereses, que por supuesto son esencialmente económicos. Por ello están transladando los recortes que les impone la administración pública en detrimento de las condiciones laborales de sus trabajadores/as y de la calidad de los servicios que prestan. Lo curioso es que los recortes a las empresas han empezado en 2011, cuando los recortes en las condiciones laborales y en la calidad de esos servicios empezaron a intensificarse en 2008 y llevan produciéndose alrededor de 10 años. A esto hay que añadir la aparición de empresas que llegan al sector con planteamientos estrictamente lucrativos, hecho que está sirviendo a las empresas ya implantadas en el sector como excusa para hacer negocio con la parte más indefensa de la sociedad: menores tutelados, tercera edad, personas sin recursos, inmigrantes sin papeles y sin un entorno social que les arrope… En definitiva, todas aquellas personas que son más objeto que sujeto de derechos, negándoles de este modo la posibilidad de convertirse en los protagonistas de la transformación que haga posible un cambio real de su situación personal (y por tanto de sus condiciones de vida). Estas empresas, habitualmente enmascaradas tras la forma jurídica de fundaciones, representan la perspectiva asistencialista de nuestro sector, la que tiene sus raices en una “caridad” y un paternalismo que lo que esconde es el desprecio hacia aquellas personas que el sistema económico considera improductivos, y por ello, un lastre. No podíamos esperar otra cosa de los “defensores del presente”, pero es que la educación social busca precisamente los contrario Busca apoyar a esas personas y darles las herramientas necesarias para que dejen de ser vícitmas de su situación y pasen a ser protagonistas de la transformación de sus vidas y en su entorno.
Pero no son las empresas el elemento clave del problema, sino las propias administraciones públicas quienes esta haciendo posible esta situación, dejando de lado no solo su obligación de proporcionar un servicio público y calidad, sino también su deber de ejercer una protección efectiva sobre las personas más vulnerables de nuestra sociedad para centrarse en criterios estrictamente económicos.
El ejemplo más sangrante es el de Madrid, donde ya se ha asumido que los derechos de esas personas pasan a un segundo plano en la medida de que su atención e incluso, en el caso de menores, su tutela, son cedidas por las administraciones públicas a empresas que tienen como único fin enriquecerse. Es también en Madrid donde se aprecia más claramente algo que se da, en mayor o menor medida en todo el Estado: la vinculación de esas empresas con el poder político. Este hecho cierra definitivamente el círculo, garantizando así los contratos de gestión y la práctica impunidad y ausencia de control sobre sus actuaciones.
Ante esto, aquellos que deberían denunciar y luchar contra esta ofensiva economicista están muy lejos de querer ni tan siquiera dar la cara. Los sindicatos oficialistas, en este caso esencialmente CCOO, están actuando de forma opaca, ocultandonos a los trabajadores y trabajadoras del sector la información sobre la negociación colectiva y no permitiendo nuestra participación en dicho proceso. Además, el drástico empeoramiento de nuestras condiciones laborales se ha llevado a cabo con su colaboración, siendo el único sindicato presente en todos los convenios regresivos que se han firmado. Tal vez la cosa sería diferente si desde las propias empresas no se estuviera promocionando como representantes de los trabajadores trabajadoras a personas “afines”, que amparadas casi siempre por las siglas de CCOO, sirven más para controlar a las plantillas y para defender los intereses de las empresas que los de sus representados y los de las personas que precisan de esos servicios.
Con un sector en el que plantillas de entre 10 y 40 trabajadores (en su mayoría) tienen que plantar cara a empresas que en algunos casos son auténticas multinacionales, donde quienes tienen que defendernos comparten intereses con esas empresas y donde las administraciones públicas colaboran con el deterioro de los servicios públicos y de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras; en este contexto, solo organizándonos al margen de los cauces “oficialistas” podremos evitar que esto acabe siendo una profesión de paso mientras sale algo mejor. Desde CGT estamos apoyando e impulsando esta defensa de nuestra profesión, de nuestras condicones de trabajo y de las personas para/con quienes trabajamos. Para ello hemos creado la Asamblea del Sector social, con la que pretendemos crear un foro de discusión sobre nuestra labor, un observatorio de las condicones de trabajo y de la calidad de los servicios que se prestan y, esencialmente, pretendemos ser el germen de una movilización de los trabajadores y trabajadoras del sector que creemos imprescindible.
No nos resignamos, no nos rendimos; queda todo por hacer y eso significa que podemos hacerlo todo entre todos. Sin “tutelas” de sindicatos o empresas que solo defienden sus propios intereses. Ya estamos en marcha y lo único que necesitamos es que los trabajadores y trabajadoras del sector tomemos conciencia de nuestra fuerza.
David Rodríguez Alonso. Afiliat del sindicat d’Ensenyament de la CGT i membre de l’assemblea