La Federación de Enseñanza de CGT llevaba un tiempo alarmada por las declaraciones y actuaciones que se estaban produciendo en diferentes Comunidades Autónomas de cara a la planificación del próximo curso escolar. Desde Andalucía a Aragón o Catalunya, pasando por Extremadura, las dos Castillas o Madrid, desde la cornisa cantábrica a la vertiente mediterránea, y sin olvidar las Comunidades Insulares y ciudades autónomas del Norte de África, ninguna señal de vida inteligente por parte de las respectivas autoridades educativas.
Ningún indicio de que el próximo curso se planteará desde la óptica del necesario refuerzo de la Educación Pública en los cinco frentes que entendemos imprescindibles para afrontar las consecuencias del confinamiento escolar vivido este curso y prevenir y anticipar su posible repetición:
1. Una reducción de las ratios de alumnado por aula y un replanteamiento profundo de las necesidades de espacio de los centros escolares.
2. Un incremento importante de personal docente y de administración y servicios.
3. Una apuesta seria para mejorar los medios y recursos digitales públicos.
4. Adoptar medidas de choque para evitar la brecha digital y social de gran parte del alumnado y de sus familias.
5. Reforzar las medidas de seguridad y protección de riesgos en los centros educativos.
Con rabia e indignación hemos ido contemplando cómo diversas Comunidades Autónomas (Madrid, Extremadura, Andalucía, Aragón …) planteaban un inicio de curso basado en una pasmosa vuelta a la vieja normalidad, corregida y empeorada, como si nada hubiera pasado este año ni pudiera volver a pasar; maquillado, eso sí, con propuestas de recuperación de aprendizajes y atención a la diversidad del alumnado que presuponen que con menos efectivos docentes se prestará una mayor y mejor atención individualizada y se podrá planificar una posible vuelta al escenario virtual menos improvisada.
Ingenuamente, hay quienes habían confiado en una intervención mesiánica del supuesto gobierno progresista del Estado, que vendría a poner sentido común y a forzar medidas de disminución de ratios e incremento del personal docente y de apoyo en los centros escolares; hipnotizados, tal vez, con declaraciones de Celaá, la ministra, sobre 2 metros de espacio vital por puesto escolar, 15 alumnos y alumnas como máximo en cada aula, servicios de limpieza reforzados… Pero, paulatinamente, las declaraciones públicas de la ministra se iban suavizando, las medidas de distanciamiento podían relajarse… y se han relajado tanto que, al ver las propuestas del Ministerio, alguien podría llegar a pensar que se les ha ido el vientre.
14 medidas puestas sobre la mesa que la mayoría de las Comunidades Autónomas se han apresurado a aceptar, porque ni en el mejor de sus sueños podían sentirse tan libres para no sólo no incrementar la inversión educativa, sino poder seguir recortando unidades y profesorado, que hay cosas más atractivas en las que gastar el dinero público que gestionan y la limosna extra que van a recibir. Cosas que tal vez puedan acarrear suculentos contratos con empresas, no como los salarios, que no dejan margen de mordida.
14 medidas que no suponen ningún compromiso de mejora por parte de las administraciones, y lo fían todo a que los centros escolares y el personal docente se sobran y bastan con los recursos que ya tienen, incluso con algo menos, para mejorar la educación y afrontar, llegado el caso, el retorno a lo virtual en mejores condiciones, gracias a todo lo que se ha aprendido este año.
Repasemos estas 14 propuestas:
1. El curso 2020-2021 comenzará en las fechas habituales del mes de septiembre y seguirá unas pautas temporales similares a otros cursos académicos.
Esta medida debe haber necesitado de días, tal vez semanas, de ardua elaboración. No se pillan los dedos, no, las pautas temporales serán similares a otros cursos. No digamos iguales que las palabras las carga el diablo.
2. La actividad lectiva presencial se adoptará como principio general durante el curso 2020-2021.
Vamos a dejar la educación presencial como principio, no vaya a ser que al final…. Y se hará el esfuerzo por asegurarla, tampoco vamos a comprometernos demasiado.
3. Los centros educativos adaptarán, en todas las etapas y enseñanzas, sus programaciones didácticas de las diversas áreas, materias, ámbitos o módulos para el curso 2020-2021, en el marco de lo que establezcan al respecto las Administraciones educativas, con el fin de recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados y permitir al alumnado el logro de los objetivos previstos.
¿Más profesorado? ¿Para qué, si con el que hay y algunos miles menos basta para atender al posible incremento de las necesidades educativas que puede haber acarreado a buena parte del alumnado el aprendizaje virtual improvisado durante un trimestre de este curso?
4. Las Administraciones educativas establecerán las directrices necesarias para que los centros docentes elaboren planes de seguimiento y apoyo para el alumnado que experimente mayores dificultades en las circunstancias actuales.
¿Más profesorado? ¿Para qué, si con el que hay y algunos miles menos se puede apoyar más y mejor al alumnado que experimente dificultades?
5. Las Administraciones educativas fomentarán el trabajo colaborativo entre los docentes de los centros educativos para permitirles dar una respuesta coordinada en las nuevas circunstancias.
¿Más profesorado? ¿Para qué, si con el que hay, e incluso mejor con algunos miles menos, poniendo reuniones adicionales cada dos semanas nos garantizamos su coordinación?
6. En el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021, las Administraciones educativas seguirán las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias.
¿Más personal de limpieza? ¿Para qué, si con algunas medidas que eviten “contactos masivos” se puede garantizar la seguridad? Claro, que con unos cuantos miles de docentes menos será más fácil evitar las masificaciones en las salas de profesorado.
7. Las Administraciones educativas trabajarán con los servicios propios de prevención de riesgos laborales, en el marco de las indicaciones de las autoridades sanitarias, para adoptar las medidas más aconsejables para el desarrollo de las actividades educativas.
Las medidas serán “aconsejables”, vayamos a ponernos muy duros y hablar de obligatoriedad y que nos cueste el dinero.
8. Las Administraciones educativas proporcionarán al profesorado y a los centros docentes la información y los medios de formación necesarios acerca de los requisitos higiénico-sanitarios establecidos y la utilización de las instalaciones escolares en condiciones de seguridad.
Nos darán información y formación con unos cuantos folletos, pero ojo con comprometerse y hablar de dar también equipos de protección. Si el profesorado ha trabajado en casa con sus propios medios personales, también puede protegerse de su bolsillo. Somos vocacionales, pagaríamos por trabajar, habrán pensado.
9. En el marco que establezcan las Administraciones educativas, los centros educativos dispondrán de un plan de inicio de curso que establezca la organización del centro que mejor se adapte a las condiciones de la nueva normalidad.
Que cada palo aguante su vela como mejor vea y pueda. Para eso está la autonomía de los centros educativos.
10. Las Administraciones educativas prepararán los planes de contingencia necesarios para que los centros docentes puedan hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el curso 2020-2021.
Vaya, algo que les toca a las administraciones, por fin. Ah, no. Si se lee el contenido serán los centros escolares los responsables de dichos planes, aunque cada administración educativa definirá un marco general y proporcionará a los centros las orientaciones y el apoyo que necesiten. ¿Y por qué no proporcionar el profesorado y personal que necesiten?
11. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que los centros puedan ofrecer sus servicios complementarios habituales, especialmente de transporte y comedor escolar, en condiciones de seguridad.
¿En qué condiciones de seguridad? ¿Las que cada una decida? ¿Terminará pasando como con las compañías aéreas?
12. Las Administraciones educativas adoptarán medidas orientadas a la reducción de la brecha tecnológica y la limitación de sus consecuencias.
Hemos tenido que esperar al punto 12 para encontrar algo que, aunque sea remotamente, parece un compromiso para la administración. Mejorar el equipamiento técnico y asegurar mediante préstamo o cesión que llegado el caso todo el alumnado cuente con un soporte mínimo para seguir su aprendizaje en un contexto no presencial. Ya intuimos en qué se gastará el dinero extra recibido por las Comunidades Autónomas, y ya debe haber grandes empresas de suministros tecnológicos haciendo llamadas a despachos.
13. El Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Consejerías responsables de la educación en las comunidades autónomas colaborarán para el desarrollo y la oferta de recursos para el refuerzo de la competencia digital.
Esta propuesta no suena mal, pero como dichos recursos tengan que ser elaborados gratuitamente por profesorado motivado que tenga tiempo libre, va a costar trabajo. Y si hay que pagar su elaboración seguro que hay empresas que ya están frotándose las manos y haciendo llamadas telefónicas a despachos.
14. El Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Consejerías responsables de la educación en las comunidades autónomas pondrán en marcha programas de cooperación territorial orientados a dar respuesta a la nueva situación.
El título suena bien, pero el texto explicativo no concuerda mucho y parece referirse a una prestación de ayuda humanitaria, porque no terminamos de entender qué tiene que ver la cooperación territorial con la recuperación de los grupos estudiantiles que más han sufrido las dificultades vividas y el refuerzo de los centros afectados por las mismas.
Hasta aquí nuestro repaso a estos 14 puntos de la infamia, que nada comprometen y poco aportan, y que anuncian una nueva normalidad que se asemeja demasiado a la vieja anormalidad precaria en la que la Educación Pública lleva años malviviendo en todos y cada uno de los rincones de este Estado.
Para este viaje no hacían falta alforjas, y tendrá que ser la comunidad educativa (familias, alumnado y profesorado unidas) la que asuma la defensa de la dignidad de la Educación Pública con los medios a su alcance, tarea en la que CGT, como siempre, se dejará la piel.
O nos movilizamos o nos inmovilizan para siempre.
Secretariado Permanente de la Federación de Enseñanza de CGT