Coordinadora Estatal de Investigación y Universidades de la CGT | ElDiario.es.
El problema no radica solo en los recursos, sino en la distribución de estos. Es un modelo económico neoliberal que requiere la mercantilización a ultranza
Apreciados Pedro y Manuel:
A raíz de la formación del nuevo gobierno y la asunción de vuestras respectivas carteras, una serie de trabajadoras del sector científico y universitario del Estado hemos decidido escribiros esta carta abierta, con la confianza de que, por una vez, el cambio de gestores en el escalafón ministerial repercuta en un cambio real en el maltratado sistema científico español. Es previsible que, en las próximas semanas, volvamos a oír, desde izquierdas oficiales y oficiosas, la vieja cantinela del incremento en la financiación científica. Y aunque es necesario, consideramos que hay que ir más allá y atacar la raíz del problema.
El sistema científico español es una víctima más de las políticas de austeridad impulsadas por los anteriores gobiernos autonómicos y del Estado. Pero ¿de dónde vienen estas políticas? ¿Son realmente fruto, como nos repiten cada día, de una coyuntura económica desfavorable, de una falta de recursos para el sistema público? No lo creemos así. El problema no radica solo en los recursos absolutos, sino sobre todo en la distribución de estos. El problema es un modelo económico neoliberal que requiere, para funcionar, la mercantilización a ultranza de los servicios públicos.
El ahogo económico y la falta de distribución de los recursos del sistema científico y universitario ha llevado, como siempre, a la precarización de los puestos de trabajo, y ha repercutido en la investigación, la educación y las condiciones de vida de las trabajadoras. Por ejemplo, con la excusa de la falta de inversión han incrementado brutalmente matrículas universitarias, dificultando e incluso impidiendo a las clases populares acceder a estudios universitarios (en el recuerdo aún, las numerosas protestas tras la implantación del plan Bolonia, así como la respuesta represiva del Estado, cuyas consecuencias siguen hoy en día).
A la vez, las condiciones de trabajo en la universidad no han hecho sino empeorar. Investigadoras predoctorales con jornadas de más de 12 horas diarias, que asumen tareas no contempladas en los contratos. Profesorado asociado (el mayor colectivo docente de la universidad pública), con sueldos de entre 300 y 600 euros mensuales, aun siendo imprescindible para el funcionamiento de la universidad. Todo bajo la promesa del progreso en la carrera académica. Y mientras este profesorado conforma el grueso del cuerpo docente e investigador español, una minoría privilegiada del personal universitario, con salarios hasta 10 veces superiores, obtiene suculentos sobresueldos y detenta todo el poder de decisión en los órganos de gobierno. Esta minoría es directamente responsable de la degeneración de la universidad pública a una estructura mixta públicoprivada, con la entrada de las empresas privadas, quienes no solo no aportan, sino que incluso llevan a la propia universidad al endeudamiento : en vez de una universidad pública y de calidad nos encontramos ante una universidad elitista y víctima de la precariedad. Un modelo que sólo se sostiene gracias al sacrificio de las trabajadoras, las estudiantes y sus familias.
Otra de las consecuencias de estas políticas es que el CSIC se ha convertido en una de las instituciones más envejecidas del país, con una edad media del personal estable de 52 años (datos de 2017) que además solo supone la mitad de su personal. En la otra mitad encontramos a centenares de investigadores contratados de forma fraudulenta, que encadenan sus contratos con temporadas en el paro como estratagema para no reconocer su papel estructural. Del mismo modo, se maltrata, incluso en mayor medida, a los servicios de limpieza, cafetería, mantenimiento o deportes, a quienes el discurso oficial no reconoce el papel esencial que realizan en nuestras instituciones.
Todo esto se enmarca en un sistema que promueve una mentalidad científica e institucional que, bajo supuestas métricas objetivas (i.e. el factor de impacto), promueve la competitividad científica en detrimento de la colaboración, elemento imprescindible para el avance científico.
Esta situación no es específica del Estado español, sino síntoma de una enfermedad global. Sin embargo, el cambio puede empezar aquí. Hay que avanzar con paso firme para derrotar un modelo opresivo y caduco basado en la explotación. No es sólo imprescindible para mejorar y dignificar las condiciones laborales, sino que es la única opción de alcanzar la calidad científica a la que aspiramos. Debemos comenzar a caminar hacia un modelo inclusivo, público, garantista y al servicio de la clase trabajadora, comenzando por lo más básico y exigible:
- Finalización inmediata de la contratación fraudulenta y precaria en los centros públicos regularización de los trabajadores afectados, reconociendo su carácter indefinido en base a lo que establece el Estatuto de los Trabajadores.
- Estabilización del personal investigador en universidades y centros de investigación. No olvidemos que, junto a la competitividad, la inestabilidad laboral es una de las mayores causas del fraude científico.
- Exigimos también la reversión de las externalizaciones de los servicios básicos de las universidades y centros de investigación incorporando a sus trabajadores al sistema público.
- Como siguiente e imprescindible paso a la regularización y estabilización de los contratos fraudulentos, exigimos la remodelación de los modelos de plantilla, creando un cuerpo único de personal docente e investigador para eliminar así las absurdas jerarquías académicas, siguiendo una sencilla máxima: a igual trabajo, igual salario, e igual capacidad de decisión en los órganos de gobierno.
- Eliminación de las tasas universitarias para que la universidad sea realmente pública y accesible para todo el mundo.
- El fin de la hipocresía de la Administración respecto a la infrafinanciación del sistema universitario e investigador. El necesario aumento de la financiación debe ir acompañado de una redistribución justa de los recursos actuales y los que están por venir.
- Cambio de criterio en las evaluaciones de proyectos científicos, para dejar de depender del factor de impacto, que hace imposible evaluar la calidad real de un proyecto científico y la capacidad investigadora del trabajador, acompañado de un cambio en la mentalidad científica e institucional.
- Open access efectivo tanto para la comunidad científica como para toda la sociedad. La investigación financiada con dinero público debe estar al servicio de la ciudadanía, no para lucrar a un pequeño grupo de editoriales científicas.
Estas son algunas propuestas para elucidar el camino a seguir. Vuestra es la decisión. Pero si, como todos los anteriores Gobiernos de España, camináis en dirección contraria, nos encontraréis de frente, defendiendo los derechos colectivos de los trabajadores del sistema investigador y universitario español.